La oposición es la única esperanza para la Pueblo

Las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre otorgaron una victoria indiscutible a los enemigos del proceso político iniciado por el comandante Hugo Chávez y el pueblo de Venezuela hace 17 años. La conquista de la Asamblea Nacional por parte de la derecha neoliberal no es poca cosa. Si bien Venezuela como muchas otras democracias en el mundo goza de un régimen presidencialista, en un Estado federal pero centralizado, el poder legislativo es enorme. De allí, durante 16 años se sancionaron las leyes que sustentaron la inmensa mayoría de los cambios revolucionarios, incluyendo los decretos-leyes que fueron posibles gracias a la Ley Habilitante votada en la Asamblea. Los logros de la Revolución Bolivariana han sido posibles gracias al trabajo conjunto del poder legislativo y del Ejecutivo para cambiar la vida de los ciudadanos de la República.

Los voceros políticos del Capital se han distinguido a lo largo de la reciente historia política del hemiciclo por oponerse a todo lo que proponía el chavismo. No por capricho, sino porque los representantes del pueblo bolivariano se dedicaban a construir un andamio legal para fortalecer el bienestar común, y eso afectaba los intereses capitalistas de los cuales se hacen representantes los políticos de derecha. Mientras la Revolución se dedicaba a construir la base legal en beneficio del interés general, la derecha abogaba por la primicia de los intereses particulares de una minoría.

Después de este domingo, el juego político legislativo se ha volteado. De ahora en adelante, lo que cimentaba las políticas de la derecha neoliberal —oponerse a todo— se derrumbó. Están obligados a develar al país cuáles son sus verdaderas opciones políticas y en función de qué intereses van a legislar desde ahora. Como consecuencia, se opera un deslizamiento semántico: la oposición al nuevo proyecto de país, hoy hegemónico en la Asamblea Nacional, ¡somos nosotros, los revolucionarios!

Lo único en lo cual coincidimos con la propuesta de la contrarrevolución es que va a haber un cambio. Para saber realmente en qué consiste, basta con revisar el programa de Gobierno que todos los partidos que componen la autodenominada Mesa de Unidad democrática (MUD) sellaron de común acuerdo el 23 de enero de 2012. En este programa, compuesto de 1.237 artículos, se encuentra gran parte del futuro accionar de la MUD en la Asamblea, ya que numerosos diputados de la nueva mayoría parlamentaria participaron en la redacción de este programa neoliberal. Por lo tanto, deducimos que aplicarán conscientemente los lineamientos que concibieron. Veamos cuáles son las propuestas que ahora van a intentar implementar desde el hemiciclo legislativo.

Aunque durante la campaña electoral no informaron al pueblo de sus verdaderas intenciones, la MUD hace énfasis en su programa sobre la necesidad de revisar “todo el cúmulo de leyes para ajustarlas a una visión integral de un nuevo marco jurídico que restituya la naturaleza democrática de la República” (art. 162 del programa de la MUD)[1]. Es decir, demoler todo el aparato legal que ha permitido la elaboración de políticas a favor del pueblo.

En cuanto a lo económico, los diputados de la MUD prometieron a sus electores acabar con la crisis. ¿Cómo sabemos que la MUD no podrá hacer subir los precios del petróleo a nivel internacional?, cabe preguntarse quiénes pagarán las consecuencias del desplome del precio del crudo: ¿el pueblo o las clases privilegiadas? Otra vez, el programa de la derecha venezolana nos esboza la repuesta: acabar con el control de precios de los productos de la cesta básica para “estimular la actividad privada” (art. 420), Ley de Tierras y de Pesca; la Ley de Soberanía Alimentaria, con el fin de “garantizar las libertades económicas”(art. 547); la Ley de Economía Popular (art. 125), y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (art. 147).  En otros términos, pretenden retocar todas las leyes que protegen al pueblo de la dictadura del mercado. Asimismo, eliminar el control de cambio, como lo proponen en el artículo 406, provocaría una fuerte devaluación que terminará de destruir drásticamente el poder adquisitivo de las clases populares y las capas medias de la sociedad.

Como lo ha mencionado José Guerra, uno de los redactores del programa económico de la MUD y recién electo diputado por Caracas, la nueva Asamblea reformará la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV). Una medida muy abstracta para los electores que lo llevaron al poder pero cuyas consecuencias podrían sentirse a mediano plazo. A lo largo de esos 16 años, la derecha siempre gimoteó ante el hecho de que las políticas monetarias estén atadas a las decisiones del gobierno electo y que sirvan de manera coordinada al desarrollo de la Nación. Los cánones liberales de las políticas financieras van a poder imponerse a través de la reforma de esta ley. Para eso, la MUD preconiza reforzar la autonomía del BCV y prohibir a esta entidad “financiar el gasto público y convalidar políticas deficitarias”(art. 408). Eso podría, quizás, tener un impacto sobre la inflación pero ¿a qué costo social?, ¿De dónde se sacaría dinero para fortalecer los sistemas de educación, de salud, sin hablar de los programas sociales que ha mantenido el Gobierno Bolivariano a pesar de la crisis?

Estas intenciones de los nuevos diputados de la derecha venezolana no fueron objeto de debate en la campaña electoral. Cuando los políticos de la MUD hablaban de libertad de expresión a sus electores, omitieron precisar que quieren retocar la Ley Resorte (art. 124) y la Ley de Telecomunicaciones (art. 1.147) para erradicar las voces críticas, criminalizar a los medios comunitarios y volver a ofrecer el espectro radioeléctrico a las empresas de comunicación privadas. Cuando gritaban enfurecidos por la democracia plena, no mencionaron su voluntad de reformar en la Asamblea Nacional la Ley del Consejo Federal de Gobierno (art. 276), la Ley de Consejos Comunales (art. 289), la Ley de Comunas y la Ley Orgánica del Poder Popular (art. 125).

Prometieron villas y castillos a una población cansada por una terrible guerra económica, pero pasaron en silencio su deseo de derrumbar la legislación que permitió a la industria petrolera ser el motor económico del proceso de cambio revolucionario (art. 512 y 275). Se agitaron durante años llamando infructuosamente a las Fuerzas Armadas a la rebelión, sin decir que van a revisar la Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (art. 100), con el fin de “reorganizar y reformular la institución castrense”(art. 99); eliminar la Milicia Bolivariana (art. 101) y, de forma general, desvincular al soldado y a la colectividad militar del porvenir de la Nación. En suma, volver a un Ejército de pantalla cuyo único papel sería desfilar el 5 de julio y reprimir en caso de rebelión popular.

La ofensiva legislativa contra la Revolución Bolivariana que se está gestando desde la nueva Asamblea Nacional buscará volver a supeditar el interés general y el bienestar de las mayorías a los intereses particulares de las élites. En la batalla política y comunicacional que se avecina, el chavismo debe asumir en el hemiciclo el rol que ahora le toca: informar de las estrategias de la mayoría parlamentaria y oponerse a la destrucción del aparato legislativo construido durante 16 años de Revolución. En otras palabras, ¡una oposición política para el bien del pueblo!